Este proyecto persigue la implementación de una política pública en favor de la rehabilitación y reinserción ciudadana en la fuerza laboral de Puerto Rico. La medida va dirigida a prohibir el discrimen a empleados y aspirantes a empleados por tener antecedentes penales. La propuesta reduce el estigma y segregación sobre las personas que han estado confinadas al buscar que el historial delictivo no sea considerado como una razón para prohibir la reinserción social luego que han cumplido su condena.