La medida es un primer paso para establecer la viabilidad de un sistema de salud universal para Puerto Rico a través de un análisis de costos sociales y económicos. Esta medida responde a la necesidad de buscar alternativas ante la crisis de prestación de servicios, su fragmentación y burocracia. Además, pretende evaluar el impacto de la privatización de servicios a través del uso de aseguradoras privadas como entes intermediarios.